viernes, 21 de diciembre de 2012

Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en la Comunidad Valenciana



¿Qué se puede solicitar?
Nombre del trámite
Solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
Objeto del trámite
La calificación del grado de discapacidad permite el acceso del ciudadano a los beneficios, derechos económicos y servicios que los organismos públicos otorgan.

¿Quién puede iniciarlo?
Interesados/Solicitantes
La persona interesada, su representante legal o de su guardador de hecho.
¿Cuándo solicitarlo?
Plazo de presentación
Durante todo el año.

¿Dónde dirigirse?
- En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan o ante cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que forman la Administración Local si, en este último caso, se hubiera suscrito el oportuno convenio, así como en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- También en cualquier oficina de Correos. En este caso se deberá presentar en sobre abierto para que se pueda estampar el sello y la fecha en el impreso de solicitud y en la copia. 

- Y, preferentemente, en:
CENTRO DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DISCAPACITADOS - VALENCIA
C/ SAN JOSÉ DE CALASANZ, 30
46008 Valencia
 
Tel: 963989550
 REGISTRO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DISCAPACITADOS - VALENCIA (VELLUTERS)
C/ AROLAS, 1
46001 Valencia
 
Tel: 963152222
 REGISTRO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DISCAPACITADOS - CASTELLÓN
AVDA. HERMANOS BOU, 81
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
 
Tel: 964726220
CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE DISCAPACITADOS - ALICANTE
C/ FERNANDO MADROÑAL, 52
03007 Alacant/Alicante
 
Tel: 965934704

¿Qué documentación se debe presentar?
- Impreso de solicitud, con indicación del DNI.

Documentos que deben acompañar a la solicitud.
- En caso de menores sin DNI, fotocopia del Libro de Familia.
- En caso de personas sin capacidad, documento acreditativo de la representación legal.
- En caso de no tener la nacionalidad española, documentación acreditativa de su identidad y/o fotocopia de la tarjeta de residencia.
- Informes médicos, psicológicos y/o sociales que acrediten las deficiencias alegadas.
- En caso de revisión por agravamiento: informes que acrediten dicho agravamiento.


NOTAS:
 
- Importante: junto con las fotocopias, deben aportar los documentos originales para su compulsa.
 
- No será necesario la presentación de aquellos documentos que deben acompañar a la solicitud cuando ya obren en poder del centro de valoración y orientación de discapacitados.
Impresos asociados

¿Cómo se tramita?
Pasos
- Presentación de la solicitud y documentación requerida.

- Los centros de valoración y orientación de discapacitados de las direcciones territoriales de Bienestar Social serán competentes para la instrucción de los procedimientos y realizarán de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deben dictar la resolución.

- La instrucción del procedimiento para la valoración y calificación de las situaciones de discapacidad en orden al reconocimiento de grado, requerirá de los siguientes actos e informes preceptivos.

1.- Citación para reconocimiento.
Recibida en forma la solicitud, el centro de valoración y orientación de discapacitados notificará al interesado, el día, la hora y la dirección en que haya de realizarse los reconocimientos y pruebas pertinentes.
En el supuesto de incomparecencia no justificada debidamente, se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Reconocimiento.
. Para la formulación de sus dictámenes el equipo de valoración de discapacidad podrá recabar cuantas informaciones, reconocimientos o pruebas juzgue necesarias. Asimismo, podrá solicitar informes de otros profesionales del propio centro de valoración y orientación o de servicios ajenos.
. Cuando las especiales circunstancias de los interesados así lo aconsejen los equipos de valoración de discapacidad podrán formular su dictamen en virtud de los informes médicos, psicológicos o, en su caso, sociales emitidos por profesionales autorizados.

3.- Emisión de dictamen técnico.
Efectuadas las pruebas, reconocimientos e informes pertinentes, por el equipo de valoración de discapacidad se procederá a emitir dictamen técnico-facultativo, que será elevado, por el director/a del centro de valoración y orientación de discapacitados, al titular de la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente.

- El personal al servicio de la administración pública que, por razón de sus funciones, conozca cualquier tipo de datos respecto del historial clínico y social de los interesados o parte del mismo, está obligado a mantener la confidencialidad del mismo.


Resolución:

- El titular de la Dirección Territorial de Bienestar Social, basándose en los dictámenes técnico-facultativos, dictará resolución expresa sobre el reconocimiento del grado, así como la puntuación obtenida en el baremo para determinar la existencia de dificultades de movilidad, si procede.

- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, computándose a partir de la fecha de la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
 

- El vencimiento del plazo mencionado sin haberse notificado resolución expresa determinará la desestimación de la solicitud formulada por silencio administrativo, a los efectos de interponer la correspondiente reclamación administrativa previa.

- En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

- El reconocimiento del grado de discapacidad se entenderá producido en la fecha de la presentación de la solicitud en cualquiera de los registros y lugares contemplados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 

- En todas las resoluciones en que se reconozca un determinado grado de discapacidad, se hará constar en su caso, el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del mismo por agravamiento o mejoría.

¿Qué recursos proceden contra la resolución?
- Contra las resoluciones que recaigan sobre reconocimiento de grado de discapacidad, los interesados podrán interponer, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.
- La reclamación previa a la vía jurisdiccional social se podrá interponer en el plazo de 30 días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución que haya recaido y deberá ser dirigida al director territorial de Bienestar Social.

Fuentes jurídicas y/o documentales
Normativa
- Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. (BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000, con modificaciones R.D. 1856/2009).
- Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre de procedimiento para el reconocimiento, delcaración y calificación del grado de discapacidad, y por el que se modifica el Real decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. (BOE de 26 de diciembre de 2009)
- Real Decreto 1169/2003, de 12 de septiembre, por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía (BOE núm. 238 de 4/10/03)
- Orden de 19 de noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía en el ámbito de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 4136, de 27/11/01).
Lista de normativa

lunes, 17 de diciembre de 2012

Certificado de Discapacidad


¿Qué es el certificado de discapacidad?

Este certificado es el reconocimiento administrativo de la discapacidad y su propósito es compensar las desventajas sociales que la discapacidad implica proporcionando acceso a derechos y prestaciones de distinto tipo, con vistas a equiparar oportunidades.

 

¿Cuál es el procedimiento para saber si una determinada dolencia o limitación se puede traducir en un grado y puede ser motivo de discapacidad?

La valoración del porcentaje de discapacidad se regula por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
En él se otorga la competencia para la determinación del grado de discapacidad, a los equipos técnicos denominados Equipos de Valoración y Orientación (EVO) y que serán formados por al menos, médico, psicólogo y trabajador social.
Los hay dependientes de las Comunidades Autónomas (Departamentos de Asuntos Sociales) y del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), aunque estos últimos sólo ejercerán su función en Ceuta y Melilla y en relación con residentes en el extranjero.
La calificación del grado de discapacidad responde a criterios técnicos unificados, fijados mediante los baremos descritos en el anexo I del citado Real Decreto, y serán objeto de valoración tanto las discapacidades que presente la persona, como, en su caso, los factores sociales complementarios relativos, entre otros, a su entorno familiar y situación laboral, educativa y cultural, que dificulten su integración social. El grado de discapacidad se expresará en porcentaje, mediante la aplicación de los baremos que se apuntan en el apartado A) del anexo referido, agrupados en diversos grupos.
La valoración de las situaciones de discapacidad y la calificación de su grado se efectuará previo examen del interesado por los órganos técnicos competentes a que se refiere el artículo 8 del citado Real Decreto.
El órgano técnico competente emitirá dictamen propuesta que deberá contener necesariamente el diagnóstico, tipo y grado de la discapacidad y, en su caso, las puntuaciones de los baremos para determinar la necesidad de la ayuda de otra persona y la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes públicos colectivos.
En resumen, la valoración se realizará atendiendo a la concreta dolencia sufrida por el solicitante, es decir, su limitación sensorial, física o psíquica, teniendo también en cuanto los factores socioeconómicos de su situación.

 

¿Cuáles son los organismos competentes para el otorgamiento del Certificado de Discapacidad?

Con carácter general, serán los responsables del órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas a quienes hubieran sido transferidas las competencias en materia de valoración de situaciones de discapacidad y calificación de su grado (Departamento de Asuntos Sociales) los que otorguen dicho certificado.
No obstante, serán los Directores provinciales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) los que tengan atribuida esta competencia en el caso de Ceuta y Melilla y de residentes en el extranjero. En este último caso, la competencia corresponderá a la Dirección de la provincia en que el residente en el extranjero hubiera tenido su último domicilio habitual.
También podrá decidir al respecto la autoridad judicial, en el caso en que se impugne una valoración realizada por un órgano de la Comunidad Autónoma o del IMSERSO.
La certificación de la discapacidad se materializará en un documento cuyo nombre dependerá del órgano que la emita. Si la emiten la Comunidad Autónoma o el IMSERSO, se tratará de un Certificado de Discapacidad; si la dicta el Juez, será una Sentencia.

 

¿Cuáles son los criterios que se toman en consideración a efectos de valorar el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad?

El procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad, se rige por el RD 1971/1999, de 23 de diciembre. El 33 por 100 de discapacidad que da derecho al reconocimiento de la condición de persona con discapacidad tiene en cuenta tanto los factores discapacitantes –provengan de una disminución física, psíquica o sensorial-, como los factores sociales, entendiendo por tales, entre otros, la edad, entorno familiar, situación laboral y profesional, niveles educativos y culturales, así como el entorno habitual de la persona con discapacidad.
La valoración de la discapacidad se expresa en porcentajes, mientras que la de los factores sociales complementarios se refleja por medio de un sistema de puntuaciones. El grado de discapacidad se obtiene tras modificar el porcentaje conseguido en la valoración de la discapacidad al sumarse la puntuación que resulta de aplicar el baremo de los sectores sociales complementarios. El baremo de factores sociales complementarios tiene como finalidad tener en cuenta, a la hora de determinar el grado de discapacidad, los aspectos de carácter social que, junto a la valoración de discapacidad de la persona, intervienen en la conformación de la discapacidad en una visión integral del sujeto, en la que se ponen de manifiesto las desventajas en relación con el medio social en el que se desenvuelve y le impiden actuar en pie de igualdad en la comunidad.

 

¿Qué validez tiene el Certificado de Discapacidad?

Conforme determina el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la acreditación del grado de discapacidad tendrá validez en todo el territorio nacional.

 

¿Qué derechos implica para la persona con discapacidad la obtención de este certificado?

Los beneficios a favor de las personas discapacitadas no se encuentran recogidas en una única norma, sino que se encuentran a lo largo de diversas leyes, de manera que a continuación expondremos las principales ventajas existentes para una persona que ha obtenido el certificado de discapacidad:
  • IRPF: El  artículo 58 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se contemplan una serie de reducciones en la base liquidable del impuesto considerando la condición de discapacitado del contribuyente o de ascendientes o descendientes de éste. Así, por ejemplo, en el apartado primero se dispone que "Los contribuyentes discapacitados reducirán la base imponible en 2.000 euros anuales. Dicha reducción será de 5.000 euros anuales, si el grado de discapacidad es igual o superior al 65 por ciento."
  • IVA: El artículo 91.Dos.1.4º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), tras la modificación operada por la Ley 6/2006, de 24 de abril, para la clarificación del concepto de vehículo destinado al transporte de personas con discapacidad (BOE de 25 de Abril), establece que en vez de pagar el 16 % de IVA por la adquisición de un vehículo para el uso de personas discapacitadas se pagará el 4 %.
    IVA - Vehículos para personas con discapacidad: Tipo superreducido (4%) >>>.
  • Exención en el impuesto de matriculación de vehículos: El artículo 66.1.d) de la Ley 38/1992Abre nueva ventana, establece la exención del impuesto de matriculación de los vehículos automóviles matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo, siempre que concurran los siguientes requisitos:
    • Que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones, requisito que no se exigirá en supuestos de siniestro total de los vehículos, debidamente acreditado.
    • Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos «inter vivos» (venta a otro particular) durante el plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de su matriculación.
  • Exención en el impuesto de circulación de vehículos: Conforme determina la Ley de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece en su artículo 93 que estarán exentos del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica los vehículos para personas de movilidad reducida y los vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. Esta exención no resultará aplicable a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
  • Compra de vivienda: Con carácter general, y dentro del plan de vivienda 2005-2008, se establece una ayuda para la compra de viviendas de protección oficial, consistente en una subsidiación de los intereses del préstamo solicitado para la misma, así como una ayuda para la entrada que, en el caso de una persona con discapacidad, es de 900 euros.
  • Otras ventajas: Estas son las ventajas principales existentes, a nivel estatal, por la condición de persona con discapacidad. Es posible la existencia de otras ayudas puntuales que sean concedidas por la Administración autonómica (Consejerías de Asuntos Sociales) o los propios Ayuntamientos, donde puede informarse al respecto. Así, se pueden citar las siguientes:
    • Bono taxi.
    • Zonas de aparcamiento reservado.
    • Ayuda domiciliaria en caso de precisar apoyo de terceras personas.
    • Ayudas para la adquisición de sillas de ruedas y otro material ortopédico.
    • Etc...

¿Existe algún tipo de interrelación entre la invalidez permanente de la Seguridad Social y el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad o son conceptos distintos?

No existe un único concepto legal de discapacidad, ya que diversas normas se encargan de realizar definiciones diversas.
Conforme al artículo 200 del Código Civil, son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.
Según el artículo 7.1 de la Ley 13/1982, de Integración Social de las Personas con Discapacidad, a los efectos de la presente Ley se entenderá por persona con discapacidad a aquella persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.
Por su parte el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, determina que a los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
Cualquiera de estas definiciones es válida, pero a efectos generales parece que la que tiene más relevancia es la recogida en la Ley 51/2003.
Por tanto, una vez reconocida a una persona un determinado grado de discapacidad, éste tiene validez y eficacia respecto cualquier tipo de subvenciones, ayudas o Administraciones, no siendo necesario ser evaluado o valorado en cada ocasión.
Lógicamente, podrá probarse por el interesado que el grado de incapacidad real es superior.
Para probar tal hecho, basta con acudir a la resolución del Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI), que declaró la situación de Incapacidad Permanente Total. En dicha Resolución deberá constar la merma de su capacidad, expresada porcentualmente.

(Fuente: Discapnet.es)

sábado, 15 de diciembre de 2012

Copago de 4,13 euros para 46 medicamentos y tasas de entre 20 y 40 euros por muletas y sillas


  • Dejan de ser gratuitos por la Ley del Medicamento introducida por el Gobierno
  • Afecta a tratamientos contra la hepatitis C, el cáncer o esclerosis múltiple
  • Los usuarios deberán pagar por acceder a la prestación ortoprotésica suplementaria
RTVE.es/ AGENCIAS 14.12.2012

Un total de 46 medicamentos que son dispensados en las farmacias hospitalarias a pacientes no ingresados dejarán de ser gratuitos como hasta ahora y tendrán un copago de 4,13 euros, en virtud de la modificación de la Ley del Medicamento introducida por el Gobierno en el decreto de no revalorización de pensiones según el IPC.


El listado provisional de medicamentos que se verán afectados por este copago, que ha sido publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, incluye tratamientos contra la hepatitis C, algunos cánceres y leucemias, artritis reumatoide o esclerosis múltiple, entre otros.

Dicho cambio normativo, que fue convalidado este jueves por el Congreso de los Diputados, establecía que los medicamentos que se administran en las farmacias de los hospitales a pacientes no hospitalizados mediante orden de dispensación hospitalaria se equiparan a los que se administran a través de receta médica y, por tanto, podrían estar sujetos al copago farmacéutico.

Para su puesta en marcha, el departamento de Ana Mato ha elaborado un proyecto de resolución, que actualmente está en trámite de audiencia, con 132 presentaciones de 46 medicamentos que estaban "exentos de pago" y ahoran deben modificar sus condiciones de financiación.

Todos ellos, no obstante, están considerados de aportación reducida, al tratarse de tratamientos para enfermedades graves o crónicas, por lo que los ciudadanos que los precisen deberán abonar un 10% del precio de estos medicamentos, con un máximo de 4,13 euros.

Entre 20 y 40 euros por muletas y sillas de ruedas

Por otro lado los usuarios deberán pagar entre 20 y 40 euros por acceder a la prestación ortoprotésica suplementaria, que incluye muletas, collarines, fajas, férulas y audífonos, así como sillas de ruedas, que suponen una tercera parte de todos los productos.

Así se recoge en el borrador de la orden ministerial que establece la actualización del catálogo de prestaciones y los límites máximos de la aportación del usuario, y que será aprobada por el Consejo Interterritorial de Salud, el próximo día 20.

La aportación de los ciudadanos será por prescripción y no por producto. De tal forma, que una prescripción puede incluir, por ejemplo, una silla de ruedas y unas muletas.

El borrador precisa que en el caso de que un usuario requiera varios productos de tipos diferentes, todos ellos se indicarán conjuntamente constituyendo a todos los efectos una única prescripción.

Para los productos pertenecientes a los subgrupos de aportación reducida, los ciudadanos pagarán un 10 por ciento del producto, con un límite máximo de 20 euros.

En este apartado se incluyen audífonos, prótesis de mano, prótesis de mama o prótesis del paladar para malformaciones congénitas, traumatismos y procesos oncológicos y un grupo de sillas de ruedas (manuales, recambios y eléctricas), entre otros.

Para los restantes productos, entre los que se encuentran las muletas, los asegurados activos y sus beneficiarios con una renta igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros, abonarán un 50%, con un tope de 40 euros por prescripción. Los pensionistas pagarán un 10%, con un límite máximo de 30 euros.

El borrador recoge, asimismo, que las comunidades autónomas podrán establecer el préstamo, alquiler y recuperación de los artículos.

El objeto de esta orden es regular la prestación ortoprotésica suplementaria realizada mediante dispensación ambulatoria y sujeta a aportación del usuario, según lo previsto en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril.

viernes, 14 de diciembre de 2012

Selina Moreno Pasagali

Por una casualidad de estas que nos proporciona la vida, ayer me enteré de que unas cuantas sillas más allá de donde yo estaba sentada, tenía a una mujer que se merece más que nuestro reconocimiento. Hablo de Selina Moreno Pasagali (http://www.selinamoreno.com). Selina como muchas otras padeció un cáncer a los 33 años. Sin duda, está fue una de las mayores batallas que libró y la ganó. Pero sus logros no se quedaron aquí. Cruzó el estrecho de Gilbraltar el 10 de septiembre de 2007 en 4h y 40 minutos y el Canal de la Mancha el 6 de Agosto d 2009 en 16 horas y 4 minutos. Es la primera mujer española poseedora de la Triple Corona. Podíamos seguir listando sus logros pero para conocerla mejor os invitamos a que visiten su web
Como muchos otros deportistas de este país, a pesar de haber alcanzado metas de gran calibre, el reconocimiento obtenido no es proporcional a las metas alcanzadas. 
Escribo esta entrada con el único objetivo de expresar a Selina lo orgullosas que estamos de sus logros deportivos y personales. La animamos a seguir adelante y deseamos que sus planes de futuro entre ellos el de coach se hagan realidad. 
¡Qué el cáncer no pare a nadie! 



Fuente Imagen e información: Página web de Selina Moreno Pasagali